Sancionan a ex congresistas por nexos con 'Jorge 40'

El ex senador Salomón de Jesús Saade Abdala y el ex representante a la Cámara José Rosario Gamarra Sierra, fueron destituidos e inhabilitados 20 años por decisión de la Procuraduría General de la Nación por su vínculos con ‘Jorge 40’. De acuerdo con el Ministerio Público se encontraron pruebas concretas para responsabilizar a los ex congresistas por la promoción y auspicio del Bloque Norte de las Autodefensas. Según la investigación, el apoyo de los paramilitares facilitó el camino para que los ex parlamentarios alcanzaran una curul en el Congreso de la República para el período 2002 – 2006. Estos ex dirigentes de la Costa Atlántica fueron vinculados formalmente al proceso de la ‘parapolítica’ por las declaraciones del ex jefe de informática del DAS Rafael García Torres. Para la Procuraduría, Saade Abdala y Gamarra Sierra hicieron parte de la conformación de distritos electorales en el departamento del Magdalena, que fueron diseñados por las Autodefensas para consolidar la hegemonía de la organización delictiva y acceder a escenarios de poder y decisión. Los resultados electorales se convirtieron en una de las principales pruebas contra los ex parlamentarios, ya que registraron altas votaciones en municipios donde existía marcada influencia del bloque que comandaba el ex jefe paramilitar extraditado Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. A este proceso también se anexó como material probatorio, un documento denominado Convenio Político para el Debate electoral del 10 de marzo del año 2002, en la elección de Cámara de Representantes y Senado de la República, que se encontraba en unas de las caletas que le fueron halladas a ‘Jorge 40’. Para la Procuraduría, es claro que una vez elegidos Saade Abdala y Gamarra Sierra, materializaron los acuerdos alcanzados con los paramilitares en el ejercicio de sus funciones legislativas. Los entonces congresistas participaron en la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, con el propósito de favorecer a los miembros de las Autodefensas. “No es razonable, ni tiene justificación, que funcionarios públicos de las calidades de los congresistas, recurrieran a maniobras ilícitas para llegar a ocupar una curul y se amparen bajo las funciones que en principio deberían cumplir, para favorecer a un grupo armado ilegal olvidando que su prioridad es defender los intereses de la Nación”, señala en el fallo de única instancia la Procuraduría.